Populismo Punitivo

Esta última categoría, se encuentra valorada como tal por la población, penetrando en ella, generalmente cuando las víctimas las componen los núcleos humanos constituidos por personas que han sufrido históricas condiciones de vulnerabilidad y/o discriminación, tales como niños, mujeres, personas de escasos recursos, miembros de la comunidad LGBT, etc. Y si a lo anterior se le añade la gran cobertura mediática que ha tenido durante una semana la desaparición de la joven, los sentimientos en la población generan un terreno fértil que da acogida a las ideas de mayores sanciones, restablecimiento de la pena capital y cuestionamientos al poder judicial. Muchas otras mujeres han sido asesinadas durante este año, aún con imputados con antecedentes penales. Sin embargo, no se ha visto mayor involucramiento de los agentes de gobierno o legislativos en el desarrollo de líneas político-criminales que vayan en dirección de combatir este tipo de delitos. Esta vez, sí se prometió un endurecimiento de las penas, requisitos extras para acceder a la libertad condicional, e inclusive, se ha vuelto a poner la palestra el debate sobre la pena de muerte, idea que ronda en algunos de nuestros personeros políticos cada vez que ocurre un crimen violento contra una persona que vive alguna situación de vulnerabilidad. Para la pena de muerte, además de constituir un acto de venganza (y no de justicia), se ha demostrado que no tiene efectos disuasorios sobre la conducta sancionada, por lo tanto, no tendrá influencia en la ocurrencia de éstas. Por otro lado, el simple aumento de las penas en crímenes que se cometen de forma relativamente rápida tampoco tiene efecto sobre la disminución de éstos, aunque se tienda a suponer lo contrario. Pensar que el criminal, mientras comete el delito, está realizando un balance mental acerca de “cuánto será la pena” por ello, consiste en un razonamiento economicista del delito (beneficio versus sanción/gasto), que únicamente, según la literatura al respecto, se tiene en consideración cuando los delitos se realizan en grandes períodos de tiempo, tal como algunos de los delitos económicos (fraudes, estafas, robos a gran escala, etc). ¿Alguien podría pensar, críticamente, que los condenados por el homicidio de Daniel Zamudio, o el imputado por el homicidio de Carolina Donoso y Gabriela Alcaíno (a esta última víctima debe la ampliación del delito de Femicidio, bajo la denominación de “Ley Gabriela”) o, el imputado por el homicidio de Ámbar, realmente realizaron un razonamiento acerca de qué magnitud sería la pena por tales crueles actos (de comprobarse su autoría)?

Ausencia de una política criminal penitenciaria

El atroz crimen de Ámbar, cuyo imputado corresponde a un individuo que previamente cumplió una prisión efectiva de 11 años, sólo revelaría (de comprobarse su autoría), las profundas consecuencias de la ausencia de una política criminal penitenciaria, la que debería estar basada en lograr el más puro sentido final de la condena; la resocialización del delincuente. Actualmente, la política criminal penitenciaria en Chile se conforma con la prevención especial negativa, es decir, con mantener confinado al condenado con el objetivo que no cometa otro crimen mientras se encuentre recluido; mismo ideal que persigue el aumento de las penas, recurso facilista y populista, aunque sin mayor resultado para los delitos violentos, como se ha expuesto en forma anterior. Actualmente en nuestro sistema penitenciario, conviven condenados por crímenes muy disímiles, siendo sometidos a similares programas que tienen como supuesto objetivo la vida alejada del delito, una vez culmine su privación de libertad. En la práctica, podemos observar condenados por vender CDs piratas, junto a condenados por homicidios, aprendiendo juntos, oficios tales como soldar al arco, artesanías en cuero, o la elaboración de pan, acciones que presuntamente favorecen en la reinserción laboral en la vida ciudadana futura. Si bien en muchos casos la nivelación escolar y el aprendizaje de oficios contribuiría una vida alejada de la delincuencia, en nuestro actual sistema penitenciario no se abordan las verdaderas causales que llevaron a la persona a cometer el delito por el que fue condenado. En el crimen de Ámbar, y de resultar el imputado ser el autor material del hecho, como sociedad ¡tuvimos 11 años para enfrentar y trabajar sobre las causas que lo llevaron a cometer dos homicidios por los que fue anteriormente condenado, pero no hicimos nada!; sólo nos conformamos con enseñarle algunos oficios. De nada sirven ahora las críticas a la jueza que otorgó su libertad condicional, proceso que cumplió todas las normas exigidas por la ley; si el sujeto, de demostrarse su autoría, hubiera cumplido la condena en forma efectiva, ¿habría tenido un comportamiento diferente, al verse enfrentado a una situación similar?, probablemente habría actuado de igual forma (aunque algunos años después) , ya que no se enfrentaron ni se trabajó en las causas que lo llevaron a cometer los primeros crímenes. Debido a la ausencia de una política criminal resocializadora en Chile, más aún en el aspecto penitenciario, no debería asombrarnos las altas cifras de reincidencia que actualmente poseemos, las que se deben a lo obvio: no nos hacemos cargo de las causas de los delitos. Circunstancias como el cruel homicidio de Ámbar, avivan las ideas castigadoras, las que, influidas por los sentimientos, empatizan en la sociedad, dando gran acogida al aumento de las penas y a la exploración de sanciones más duras, las que, sin embargo, no tendrán efecto en los niveles de estos crímenes. ¿Por qué un político esperará la ocurrencia de un crimen violento y con características sensibles, para solicitar el aumento de una pena o el restablecimiento de la pena de muerte? Porque en estas circunstancias, las ideas de mayor castigo y “mano dura” otorgan mayores beneficios políticos, que plantear propuestas político-criminales con objetivos resocializadores, los que, sin embargo, atacarían las causas, disminuyendo su reincidencia. Como país, en el actual proceso de profundos cambios, nos encontramos en la disyuntiva, entre seguir enfrentando la criminalidad mediante reacciones que calmen los sentimientos de “justicia” de los ciudadanos, a la vez que las autoridades reciben los beneficios de dar cabida al clamor popular, pero sin la obtención de resultados, y, enfrentar la criminalidad trabajando sobre las causas que subyacen a las conductas delincuenciales, con resultados a largo plazo y con la integración de todos los sectores.