Si esto hubiera ocurrido en Venezuela o en Cuba ya estaríamos diciendo: “la dictadura presiona a los jueces, allí no hay independencia judicial”. Pero qué ha ocurrido en Chile con un juez que, siguiendo los estándares legales libera a unos adolescentes acusados de desórdenes Públicos, y luego es inhabilitado por la Corte de Apelaciones.
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¿Independencia judicial en Chile?
Ciertamente es preocupante lo sucedido con el Juez Daniel Urrutia Laubreaux, del 7º Juzgado de Garantía quien otra vez incomoda a los afiliados del Palacio de la Moneda. Y es que sólo horas después que el juez dictara el fallo que modificó la prisión preventiva de los jóvenes de la Primera Línea, funcionarios del gobierno elevaron sus protestas y fueron escuchados por los vetustos y acomodados magistrados milenarios de la Corte de Apelaciones en Santiago, quienes, asombrosamente, se reunieron de manera extraordinaria y revocaron las medidas de arresto domiciliario.Este atentado contra la independencia judicial ocurrió el pasado 25 de marzo. Pero si uno lee la resolución del juez Urrutia no encuentra un solo argumento que riña con el código procesal penal y mucho menos con la Carta Magna. Los argumentos sólidos de la controvertida resolución de primera instancia exponen claramente la situación especial que atraviesa el país, y lo inhumano de mantener en prisión a 13 adolescentes que no han cometido un delito grave y que arriesgan penas mínimas, si es que son finalmente condenados, existiendo además el peligro cierto de que contraigan el terrible virus COVID–19.Ya el caso del juez Daniel Urrutia se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que evaluará, por segunda vez, un caso de violación a sus derechos. Recordemos que en 2019 la misma instancia decidió a favor del recurrente y en aquella ocasión determinó que el Estado había violado los derechos a conocer la acusación formulada y de tener el tiempo necesario para organizar su defensa.
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