Nueva Ley de Migración a la vista

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El Subsecretario del Interior pierde poder
En principio, la normativa establecía que “esta medida también podrá disponerla mediante resolución afecta el Subsecretario del Interior, en los casos calificados indicados en el artículo 133. Estas prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte”.
En la instancia se generó discusión respecto de las causales y los plazos para aplicar esta prohibición, lo cual a juicio de los senadores de oposición «no podían quedar a discreción de la autoridad». Además, fundamentaron que se afectaría el derecho a la libertad personal y la seguridad individual contempladas en el artículo 19 de la Constitución. La modificación apunta a que todas las causales y plazos queden establecidos en la ley.
En cuanto a las expulsiones la Comisión además resolvió acortar el plazo para ejecutar la medida de expulsión, pasando de 72 horas a un plazo no superior a 24 horas.
El artículo 135, además dispone que “en ningún caso, se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes” y que «los extranjeros privados de libertad tendrán derecho a contactar familiares y representantes legales; recibir tratamiento médico, comunicarse con su representante consular; solicitar un intérprete y recibir por escrito copia de toda la información que corresponda».
También se acordó aumentar el plazo a 30 días para que el expulsado pueda apelar a la medida. Adicionalmente, se estableció que quienes carezcan de representación judicial, tengan derecho a la defensa a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Pero sin duda alguna, lo mejor de esta nueva Ley está dirigido a los profesionales, técnicos que hayan cursado sus estudios superiores en el extranjero, pues a partir de su promulgación, el Ministerio de Educación reglamentará el procedimiento de reconocimiento y revalidación de títulos, los cuales se harán en instituciones de educación superior preferentemente estatales o que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación.
Así se pondría fin al monopolio que tiene hoy en día la Universidad de Chile, haciendo más accesible y rápido el proceso de revalidación.
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